Estudio señala desafíos y soluciones para el control de la deforestación legal en Matopiba
Las recomendaciones de política pública se suman al lanzamiento de una plataforma de datos dedicada a la reposición de bosques producida por Climate Policy Initiative/PUC-Rio con el apoyo del Land Innovation Fund
Más de 100 millones de hectáreas de vegetación nativa ubicadas en propiedades rurales de todo el país pueden sufrir la conversión a actividades antropogénicas. Sin embargo, fallas en el registro de las autorizaciones de supresión de vegetación (ASV) comprometen el control de la deforestación legal en el país. La conclusión es parte de un análisis realizado por Climate Policy Initiative/PUC-Rio (CPI/PUC-Rio) con el apoyo del Land Innovation Fund y trae recomendaciones para mejorar la gestión, el seguimiento y el control de la deforestación legal, especialmente en la región fronteriza agrícola de Matopiba. La encuesta es parte de un amplio estudio sobre el mecanismo de reemplazo de bosques y también incluye el lanzamiento de una plataforma en línea con información y análisis sobre el tema.
En 2023, el Cerrado registró la tasa de deforestación más alta de la serie histórica de Deter, un aumento del 43% respecto al año anterior. En Matopiba, frontera agrícola entre las provincias de Maranhão, Tocantis, Piauí y Bahía, la situación es aún más crítica: la región representó el 75% de la deforestación del bioma el año pasado. Incluso si la ley lo permite, la deforestación contribuye a la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos, además de aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero, empeorando el cambio climático. “El estudio del CPI/PUC-Rio identifica puntos sensibles y propone soluciones para mejorar la gobernanza pública y ampliar el acceso a la información sobre deforestación legal y reposición de bosques, contribuyendo directamente a la promoción de la agricultura sostenible en el país”, afirma la directora del Land Innovation Fund, Ashley Valle.
El principal instrumento de control de la deforestación legal, la Autorización de Supresión de Vegetación (ASV), se genera a partir de información ingresada a los sistemas estatales y al Sistema Nacional de Control de Origen de Productos Forestales, SINAFLOR. El productor rural interesado en abrir un área deberá llenar toda la información necesaria que respalde el análisis y la respectiva aprobación por parte del organismo ambiental competente. Sin embargo, no todas las solicitudes quedan registradas en el sistema, lo que compromete el seguimiento de la deforestación legal y permite que la información no se registre. Las dificultades técnicas para integrar las bases de datos también afectan la transparencia y el acceso a la información.
“Todas las ASV emitidas en el país deberían estar registrados en el Sinaflor, pero, en la práctica, sólo una parte está en el sistema. Algunas provincias no registran autorizaciones que no estén vinculadas al uso de productos forestales; otras se registran con datos incompletos o incorrectos. Todo esto contribuye al subregistro de la deforestación legal. Además, hay desafíos en el uso de Sinaflor por parte de las provincias y el sistema no está integrado con otras bases de datos, como Sicar y la base de datos de tierras”, dice Luiza Antonaccio, analista jurídica senior de CPI/PUC-Rio.
Un estudio realizado por investigadores del CPI/PUC-Rio llegó a tres recomendaciones para mejorar la regulación y la gobernanza de las autorizaciones de vegetación nativa en el país: 1) un acto normativo que exprese la responsabilidad de los organismos ambientales estatales para la emisión de ASV y, eventualmente, los criterios necesarios para delegar esta competencia a los municipios; 2) la mejora del SINAFLOR o la creación de una nueva herramienta para la gestión efectiva de las ASV; 3) el registro completo y actualizado de los datos de solicitudes y emisiones de ASV en el sistema, con acceso abierto a otros organismos gubernamentales, instituciones financieras del sector privado, academia y sociedad civil.
Los investigadores destacan que la implementación de las tres recomendaciones del estudio es vital para alcanzar el objetivo de deforestación cero para 2030 previsto en la cuarta fase del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación en el Bioma Cerrado (PPCerrado), publicado en noviembre de 2023, por el gobierno federal. “Lograr este objetivo implica no sólo combatir la deforestación ilegal, sino también estrategias específicas para enfrentar la deforestación legal en el bioma. Esto es fundamental para garantizar un futuro sostenible para el Cerrado”, concluye Cristina Leme Lopes, gerente senior de investigación de CPI/PUC-Rio.
Más información y análisis sobre la deforestación legal en el país y el uso eficiente del mecanismo de reemplazo están disponibles en la Plataforma de Gobernanza de Deforestación Legal y Reemplazo/Compensación Forestal.
Sobre el Climate Policy Initiative/PUC-Rio
Climate Policy Initiative (CPI) es una organización con experiencia internacional en análisis y finanzas de políticas públicas, que cuenta con seis oficinas en todo el mundo. En Brasil está afiliada a PUC-Rio. El CPI/PUC-Rio apoya las políticas públicas climáticas en el país, por medio de análisis basados en evidencia y alianzas estratégicas con miembros del gobierno y la sociedad civil.