Hagamos que el proyecto de ley contra la deforestación de la Unión Europea funcione para la soya

Gert van der Bijl, Asesor Político para la Unión Europea, Solidaridad

En junio de 2023, el Parlamento Europeo votará un reglamento que obliga a las empresas que comercializan ganado y cuero, cacao, café, aceite de palma, carbón vegetal, madera, caucho o soya en el mercado europeo a verificar que el producto no ha llevado a la deforestación y degradación forestal desde el 31 de diciembre de 2020. Una nueva legislación que probablemente tendrá graves consecuencias en el sector de la soya.

En 2021, la Unión Europea importó alrededor de 32,5 millones en productos de soya (frijol, harina y aceite). Más de 3/4 de la soya de Sudamérica. Lo que significa que Sudamérica es realmente importante para la UE. Al contrario, alrededor del 15% de la soya sudamericana producida en Sudamérica va a Europa, o sea, el viejo continente es un mercado importante, pero definitivamente menos dominante.

Esta nueva regulación tiene el potencial de tener un impacto enorme. Si nos fijamos en la soya en Sudamérica, hay regiones donde la expansión o la deforestación pueden ser un problema. Pero alrededor del 80% de toda la soya proviene de regiones establecidas hace mucho tiempo. El principal impacto de la regulación es que las empresas van a tener que proporcionar la geolocalización (y mapeo de polígonos, si son más de cuatro hectáreas) de los productos y garantizar la trazabilidad desde la parcela hasta el mercado europeo.

Las empresas que comercialicen soya en el mercado europeo deberán demostrar que no hubo deforestación reciente y verificar el cumplimiento de la legislación pertinente del país de producción, incluso lo que se refiere a los derechos humanos. Y esta soya solo puede mezclarse con otra soya con garantía de estar libre de deforestación y que cumpla con las leyes. Comprar soya para Europa, sin saber de dónde viene la soya, ya no será una opción. Los artículos principales entrarán en pleno vigor dentro de los 18 meses posteriores a la votación final en junio, o sea, a fines de 2024.

En julio de 2022, representantes de 14 países productores, incluidos Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia, escribieron una carta a los responsables políticos europeos, lamentando que la UE haya elegido una legislación unilateral en lugar de un acuerdo internacional, sin tener en cuenta las condiciones locales y la legislación nacional. Y que esto probablemente penalizará a los productores y llevará a costos más altos.

Bueno, la verdad es que gran parte de este diálogo ya pasó. Como dijo Gustavo Idigoras, de CIARA, la Asociación Argentina de Aceites Comestibles en el sitio web DialogoChina en enero de 2023: “el mercado nos dio la oportunidad de desarrollar programas de trazabilidad como un nicho, pero ahora se está convirtiendo en una condición de producción, y eso es un cambio muy fuerte…. Empieza con Europa, y luego seguirán EE. UU. y Reino Unido, y luego China, India y casi todos los posteriormente”.

De hecho, este Reglamento, ya sea que la gente esté de acuerdo con él o no, es probable que tenga un gran impacto. Y, por lo tanto, no hay tiempo para que los actores en la cadena de suministro de la soya puedan cumplir con sus préstamos: se requiere una acción inmediata.   

1. Informar a los productores, cooperativas y otras partes interesadas

Nuestra experiencia como Solidaridad, comunicando con las partes interesadas en los países productores, indica que es probable que muchos se vean afectados, pero la mayoría no tiene idea de lo que está por venir. Por ejemplo, las cooperativas de agricultores deben asegurarse de tener disponibles los datos necesarios si quieren seguir abasteciendo al mercado europeo. Uno puede pensar que esto es una responsabilidad de la Unión Europea, pero también es algo en lo que los comerciantes y los gobiernos locales pueden y deben trabajar.

2. Trabajar en asociaciones entre Europa y actores locales, incluidos los gobiernos.

Un punto importante y muy debatido del reglamento es el artículo 28 sobre cooperación con países terceros. De hecho, esta cooperación es crucial para garantizar que la regulación realmente funcione. Pero, como describe el artículo 28, el siguiente paso debería ser que: “la Comisión y los Estados miembros interesados deben participar en un abordaje coordinado con los países productores y las otras partes, para abordar en conjunto las causas más profundas de la deforestación y la degradación forestal”. El reglamento agrega que esta cooperación debe incluir la transición a una producción agrícola que facilite el cumplimiento de los requisitos del nuevo reglamento por parte de los productores.

Excelente. Pero, hasta ahora, Europa no ha hecho mucho para enterarse de esto, y debería empezar a hacerlo hoy.

3. Invertir en el desarrollo de capacidades y garantizar que los costos se compartan de manera justa.

Los gobiernos deben ser responsables de garantizar que los agricultores y sus cooperativas reciban un apoyo activo para desarrollar su capacidad de cumplir con los requisitos de la regulación. Además, toda empresa que compra soya también debe ser responsable. Y es absolutamente esencial que los costos de cumplimiento se compartan equitativamente.

4. Y lo más importante: trabajar en la trazabilidad

La trazabilidad en la compleja cadena de la soya con un producto que cambia de manos muchas veces y que, a veces, se transporta por largas distancias, no es nada fácil de establecer. Normalmente, tanto a los comerciantes como a los agricultores les gusta la libertad de elegir socios, lo que hace que sea aún más difícil realizar la trazabilidad. Es un proceso a largo plazo que a menudo depende del compromiso entre proveedor y comprador.

5. Innovar

Hay ejemplos que se pueden seguir. Algunos de ellos utilizan tecnologías digitales. Por ejemplo el VISEC, una plataforma en Argentina administrada por CIARA que busca la trazabilidad en el Gran Chaco y, en última instancia, tiene como objetivo reducir la deforestación. Solidaridad complementa esta iniciativa, apoyando a las provincias del Chaco para que puedan brindar información pública para identificar la deforestación ilegal. Con el apoyo de LIF, Solidaridad también trabaja en acciones preventivas estableciendo con muchos actores un protocolo de soya sostenible para la soya en el Chaco paraguayo, donde la soya es todavía un cultivo menor, pero con riesgo de crecimiento no planificado y que se mezcle con toda la cadena de suministro del país, lo que podría ser un gran problema para el país con respecto a esta legislación.

Los datos de un estudio realizado por Fundación Solidaridad el año pasado con el apoyo de LIF con la asociación de agricultores AIBA y la ONG Imflora en el cerrado de Brasil mostraron grandes oportunidades para que las empresas y productores del sector obtengan alta rentabilidad mediante la aplicación de prácticas agrícolas bajas en carbono. El estudio evaluó 50 haciendas en 22 municipios de los estados de Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahia.

Varias innovaciones son posibles y necesarias. Sin duda, si pueden combinarse con incentivos para que los agricultores produzcan de forma más sostenible -como la inclusión de pagos por el secuestro de carbono u otros servicios- es probable que se hagan realidad en algunos lugares.