Mercado de carbono: oportunidad para el control de la deforestación causada por la expansión agricola en Brasil
Brasil está en el centro de los esfuerzos para cumplir con las metas globales de Clima y Biodiversidad de la ONU. Más del 14% de las áreas prioritarias para la conservación de ecosistemas en el mundo se encuentran en territorio brasileño (PLANGEA Web, 2023). Con esto, el país tiene el mayor potencial en Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), con un estimado de nueve mil millones de toneladas de carbono que no se liberarán a la atmósfera si se preservan nuestros ecosistemas. Además de tener la mayor biodiversidad del planeta, muchas especies de fauna y flora solo existen en Brasil y varias plantas con importancia económica mundial son originarias del país.
Sin embargo, incluso con una importancia innegable, desde 1970, Brasil ha perdido el 18% de sus ecosistemas por la deforestación. Según el Informe Anual de Deforestación (MapBiomas, 2023), en 2022, el área deforestada creció un 22% en el país. La expansión agrícola fue el principal vector de supresión de la vegetación nativa, representando el 96% de esta área deforestada; lo que representa casi dos millones de hectáreas. A pesar de esto, solo el 1% de las propiedades registradas en el Registro Ambiental Rural (CAR) tenían un registro de deforestación en 2022. Aunque muy bajo, este porcentaje representó el 79% de las alertas de deforestación en Brasil, lo que demuestra una gran concentración de deforestación en una pequeña porción de las propiedades registradas. Específicamente en el Cerrado, uno de los biomas más afectados, el Ministerio de Medio Ambiente estima que la mitad de la deforestación se llevó a cabo legalmente bajo autorización de agencias ambientales provinciales.
Estos datos encienden la alarma sobre la urgencia de los esfuerzos para implementar políticas dirigidas a reducir la deforestación legal y la conservación voluntaria de la vegetación nativa, así como para una gestión más eficiente de los recursos ambientales, con vistas a una producción agrícola sostenible. Además de los beneficios sociales y ambientales a escala nacional y global, como la mitigación del cambio climático, estas acciones garantizan el acceso de los productores al mercado de commodities libres de deforestación, como la Unión Europea y el Reino Unido.
De acuerdo con la Ley de Protección de la Vegetación Nativa (conocida como el Código Forestal Brasileño), el productor debe asignar parte del área de vegetación nativa de la propiedad rural como Reserva Legal, además de mantener/recuperar las Áreas de Preservación Permanente que se encuentren dentro de sus propiedades. Los estudios indican que, al cumplir con este requisito, el propietario cree que ya cumple con su obligación con el medio ambiente. Para fomentar el cambio de comportamiento con el fin de incentivar prácticas adicionales, se necesitan mecanismos que hagan que el productor entienda la conservación o restauración voluntaria de la vegetación nativa como una oportunidad de negocio atractiva.
En este contexto, la región de MATOPIBA merece especial importancia porque es la frontera agrícola de mayor crecimiento en el país. La región concentró la mayor parte de la deforestación en el Cerrado en 2022, representando alrededor del 82% del área de vegetación nativa suprimida. Los diez municipios que más han deforestado en el bioma también se encuentran en este territorio. Con el fin de identificar desafíos y oportunidades para la promoción de mecanismos financieros para la conservación y restauración ambiental en MATOPIBA, el Instituto Internacional para la Sostenibilidad (IIS) entrevistó a más de 60 productoras(es) rurales en las cuatro provincias que forman el acrónimo (Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía). La encuesta, financiada por el Land Innovation Fund (LIF), mostró que la mayoría de las(los) propietarias(os) rurales (70% de las(los) encuestada(os)) entienden la venta de créditos de carbono como la principal fuente de ingresos potenciales a partir de áreas de vegetación natural, seguida de la recepción de Pagos por Servicios Ambientales (PSA).
“A pesar del gran interés de los productores en acceder a un mercado que compense financieramente la conservación voluntaria de la vegetación nativa, la mayoría no entiende cómo funciona el mercado de carbono y afirma no tener acceso a él.”
El mercado de carbono es, de hecho, un mecanismo de financiamiento con gran potencial de aplicación en áreas rurales, con oportunidades significativas para su desarrollo en Brasil. Las iniciativas de REDD+, manejo forestal, reforestación y restauración forestal tienen el mayor potencial de suministro de oferta sectorial en las tres esferas del mercado de carbono: mitigación, mercado regulado y mercado voluntario (ICC & WayCarbon, 2022). Además de contribuir al cumplimiento legal de la propiedad, también tienen el potencial de impulsar prácticas agrícolas sostenibles, la creación de empleos verdes y el desarrollo económico sostenible en el país.
A pesar del gran interés de los productores en acceder a un mercado que compense financieramente la conservación voluntaria de la vegetación nativa, la mayoría no entiende cómo funciona el mercado de carbono y afirma no tener acceso a él. Los procedimientos para certificar, registrar y monitorear la reducción de emisiones de carbono en un proyecto están vinculados a altos costos monetarios, que pueden ser escollos dependiendo del tamaño del área y de dónde se aplicarán. En general, actualmente se requiere un área mínima de aproximadamente 10.000 hectáreas para que un proyecto de crédito de carbono derivado de la restauración sea financieramente viable. Teniendo en cuenta que el tamaño promedio de la propiedad rural en Brasil es de 69 hectáreas (IBGE, 2020), esto representa un obstáculo, especialmente para los pequeños y medianos propietarios. Por lo tanto, se necesitan estrategias para diluir los costos y compartir los desafíos de implementar proyectos de carbono para grupos organizados de propietarios de tierras del mismo bioma o región biogeográfica.
Brasil tiene una de las mayores desigualdades del mundo con respecto a la distribución de la propiedad de la tierra (Mapa de la Desigualdad, 2020). Sólo las 15.686 propiedades más grandes del país (0,3% del total de inmuebles) ocupan el 25% de todas las tierras agrícolas en Brasil. En el otro extremo, hay que sumar las superficies de los 3.847.937 más pequeños (77% del total de inmuebles) para llegar al mismo porcentaje. Por lo tanto, es imperativo que se realicen esfuerzos para evitar que el mercado de carbono sea excluyente con los pequeños y medianos productores rurales, aumentando aún más la disparidad y las desigualdades entre las clases.
Dado el gran potencial de este mercado en el país, los gobiernos subnacionales son fundamentales para crear condiciones que permitan que el mercado de carbono se traduzca en financiamiento para la conservación y restauración en zonas rurales, fomentando la generación de ingresos de los productores rurales en el cumplimiento ambiental y asegurando su permanencia en el campo. Sin embargo, para que esto se materialice es necesario mejorar las cuestiones técnicas y de gobernanza, además de garantizar la seguridad jurídica a los potenciales inversores y un mercado futuro para estos proyectos. En este sentido, un informe técnico producido por el IIS señaló ocho recomendaciones relevantes para el desempeño de los gobiernos subnacionales en este avance más inclusivo del mercado de carbono en Brasil. Esas recomendaciones se basan en la integración de diferentes esfuerzos, incluyendo referencias teóricas, perspectivas de expertos y un panorama contemporáneo captado en un taller con actores clave de gobiernos de las provincias, empresas que desarrollan proyectos de carbono, inversionistas potenciales y organizaciones de la sociedad civil:
Es necesario definir una regulación y una estructura política para el mercado de carbono, contemplando la resolución de cuestiones legales pasadas como la regulación de la tierra y el marco para el código forestal. La definición de los principales criterios para los proyectos privados y jurisdiccionales aclarará las oportunidades para las propiedades rurales pequeñas y medianas;
Los gobiernos pueden fomentar una certificación regional en créditos de carbono, concentrando costos y procesos administrativos. Los proyectos menos costosos y burocráticos acercan a los pequeños y medianos productores. Además, ofrecer apoyo científico riguroso y la verificación por terceros aportará transparencia y competitividad internacional a la certificación;
Respetar la gobernanza local y establecer una relación de confianza genera el compromiso de los propietarios, siendo fundamental para la permanencia de las actividades y efectividad del proyecto de carbono. Además, las coaliciones entre gobiernos, el sector privado y el tercer sector pueden apoyar a los pequeños y medianos productores en la ampliación de sus proyectos e impactos;
La contrapartida para la generación de créditos de carbono debe ser justa y atractiva para los productores rurales, y puede adquirirse por medio de recursos monetarios u otros beneficios individuales y colectivos, tales como: análisis físico-financiero, asistencia técnica y capacitación, instrumentación tecnológica y créditos de financiamiento. La creación de cooperativas o asociaciones es un enfoque valioso para alinear las expectativas y permitir la participación de pequeñas y medianas propiedades;
Es esencial reducir el costo financiero a medida que mejora la calidad del monitoreo, reporte y verificación de carbono, principalmente debido a los avances en metodologías y protocolos que pueden ganar escala en el territorio brasileño. La inversión en ciencia y tecnología es fundamental para crear alternativas que sean aplicables en pequeñas y medianas propiedades rurales;
Las alternativas de financiamiento deben ser posibles gracias a la acción conjunta de los sectores de la sociedad para la inclusión de los pequeños y medianos productores rurales. Un ejemplo es la financiación combinada (blended finance), que tiene cada vez más espacio en esta agenda. Es necesario fortalecer la gobernanza y la transparencia para atraer inversores y financiadores a proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (que tienen actividades y beneficios a largo plazo);
La capacitación técnica de los agentes gubernamentales, de extensión rural y organizaciones del tercer sector es esencial para garantizar la efectividad de los proyectos de carbono en pequeñas y medianas propiedades rurales. Comprender las características de cada jurisdicción traerá mejores resultados y aumentará la capacidad gerencial de los gobiernos subnacionales, evitando burocracias y lentitud;
Además de garantizar un buen diálogo interno en el proyecto, la comunicación debe llegar a todos los involucrados y a la red de apoyo, favoreciendo la participación activa en las discusiones y la toma de decisiones. La comunicación de las políticas y proyectos de carbono debe llegar a otros públicos, como empresas e industrias, dándose cuenta de sus individualidades en la comunicación (intereses, niveles de conocimiento, etc.).
Este enfoque sólido e integrador establece una red de cooperación y apoyo para gobiernos y agricultores, lo que aumentará las posibilidades de éxito de las políticas y proyectos relacionados con el mercado de carbono. Es clara la relevancia del mercado de carbono como mecanismo económico para fomentar prácticas sostenibles en las zonas rurales, que beneficien tanto la conservación del medio ambiente como la prosperidad de los pequeños y medianos productores rurales. La implementación de estas acciones favorecerá la concienciación acerca de la importancia de la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, avanzando hacia un futuro más sostenible y resiliente.
*Rafael Loyola es director ejecutivo del IIS, Juliana Almeida-Rocha es gerente técnico-científica, Bruna Pavani y Fernanda Gomes son investigadoras.